Las Audiencias Públicas contra los Tarifazos son una propuesta de encuentro de los afectados por las subas de los servicios. Pymes, comerciantes, clubes de barrio, familiares de electrodependientes, vecinos que ya no pueden pagar el gas o la luz son convocados a reunirse junto a organizaciones sociales, de defensa del consumidor, referentes políticos y gremios para exponer con el esquema de un foro. Estas audiencias arrancaron en la Ciudad de Buenos Aires, en febrero; luego se hizo una en la Patagonia y este fin de semana llegaron al conurbano.

El lugar del encuentro fue Tres de Febrero, un municipio donde se superponen tres capas de administración PRO –el gobierno nacional, la gobernación de María Eugenia Vidal y la administración local a cargo del intendente Diego Valenzuela–. Esa triple condición debería decir ya bastante sobre la temperatura que tuvo el encuentro.

Con las Audiencias, un arco de sectores y organizaciones busca sumar consenso para que el próximo gobierno sancione una ley que reconozca los servicios de agua, electricidad y gas como derechos básicos, que por tanto deben tener tarifas razonables, no confiscatorias.

Como efecto inmediato, además, las audiencias mantienen visibles los datos reales sobre el precio de las tarifas, más allá de los anuncios oficiales sobre un congelamiento de los precios que van perdiendo entidad.

«Pagaba 5 mil pesos de luz en 2015 y hoy la factura que me llega a la fábrica es de 100 mil pesos», contó en la sede de la sociedad de fomento Andrés Capiatri, integrante de la Confederación General Empresaria del Tres de Febrero. Su Pyme, ubicada en Ciudadela, tuvo una caída de las ventas del 40 por ciento. «El Gobierno nos pide que seamos competitivos, que bajemos costos para poder competir. ¿Cómo te puede pedir que bajes costos el mismo Gobierno que sube las tarifas en un escenario de caída del consumo?» se preguntó el empresario Pyme.

El presidente de la Cámara de Panaderos de San Martín, Claudio Cova, llevó datos de un informe elaborado junto a la universidad asentada en ese distrito, la Unsam. De 2015 a 2019, las tarifas saltaron de representar un 5 por ciento de los costos de elaboración del pan a ocupar el 20 por ciento. A los panaderos hoy les resulta más caro pagar servicios que comprar materias primas. También el costo de los salarios se redujo y, según el orador, la ganancia de los productores. Por esto, agregó, «un gran número de Pymes dejaron de pagar las cargas sociales y hoy afrontan inhibiciones de la AFIP». En la escuela de oficios de la UOM, contó otro expositor local, la factura de Aysa pasó de 3500 pesos a 60 mil. «Somos una entidad sin fines de lucro, no un colegio privado que puede trasladarlo a una cuota, con alumnos de sectores que lo puedan pagar.»

La audiencia sesionó en un edificio escolar bien humilde, frente a la estación de trenes de Martín Coronado. Entre el público muchos vecinos, en su mayoría mujeres, fueron con sus chicos. No quedaron sillas libres.

Entre los referentes políticos estuvieron el diputado Daniel Arroyo, y los precandidatos a la intendencia Alejandro Collia y Juan Debandi.

Arroyo aseguró que el próximo gobierno deberá «volver atrás con el precio de las tarifas» y regularlas para que sean proporcionales a los salarios. La propuesta fue retomada por cada uno de los representantes del peronismo que tomaron la palabra. Los concejales de la oposición al PRO criticaron que la intendencia haya frenado los pedidos para bajar las tasas municipales como un modo de proteger la actividad económica y productiva local. «Estamos recibiendo entre 100 y 150 pedidos por día de personas que no pueden pagar el transporte o están buscando cómo hacer un reclamo para que no les corten la luz», agregó. Collia señaló que el bloque de concejales ha impulsado amparos que pusieron en evidencia que la gestión municipal «aporta a estas políticas de ajuste» y aprobó una ordenanza para proteger a los pacientes electrodependientes.

Los datos seguidos con más atención por la sala fueron los de las asociaciones del consumidor. La abogada Fernanda Lacey explicó por qué la tarifa social ya no sirve. Dijo que en 2016, cuando el Gobierno la implementó, cubría «el cargo fijo y el cargo variable, por lo que el usuario sólo debía pagar una parte de los costos por distribución. Pero desde el año pasado, sólo cubre un consumo de 500 metros cúbicos anuales, que son un par de pilotos encendidos. Todo el resto paga tarifa plena».

En cuanto al congelamiento de tarifas anunciado por el Gobierno en abril, Lacey aclaró que los aumentos no fueron congelados, sino pateados para adelante. De hecho este mes vuelve a subir el gas porque se aplica el aumento suspendido en abril, y una vez pasadas las elecciones habrá más subas. «Van a estar en el orden del 80 por ciento, por el valor del dólar», adelantó.

Osvaldo Bassano, titular de Aducc, denunció la relación de las distribuidoras de energía con el macrismo. «Al negocio del gas y la energía eléctrica lo tiene todo el Gobierno, a través de (los empresarios) Mindlin, (Nicolás) Caputo y la empresa Iecsa», aseguró. «En las audiencias públicas oficiales nunca ha sido posible clarificar las tarifas, porque la información sobre la estructura de costos es ocultada. Las corporaciones piden lo que quieren y el Gobierno acepta a libro cerrado. Lo mismo con todo el sistema de energía: nunca supimos la estructura de gastos del gas ni de la electricidad. El precio de las tarifas es un dibujo».

La próxima audiencia se hará en Mar del Plata, este viernes. El encuentro va a interpelar directamente la gestión de María Eugenia Vidal, dicen sus organizadores. «Es así porque la gobernadora monopolizó la distribución eléctrica en manos de un solo empresario, Rogelio Pagano, que hoy es dueño de las cuatro distribuidoras que operan en la provincia: Edelap, Edea, Eden y Edes. Además de distribuir, estas empresas son proveedoras de las cooperativas eléctricas de la zona», indicó Andrea Manzi, coordinadora de la Red de Multisectoriales. Además de poner en cuestión la monopolización del negocio eléctrico, la Audiencia Publica pondrá en primer plano a los bonaerenses que desde febrero están pagando un ítem para compensar a las empresas de Pagano por la devaluación que tuvo el peso en 2018.

Las Audiencias Públicas contra los Tarifazos no concluyen necesariamente con una definición, ni con el lanzamiento de planes de lucha. En ellas se van perfilando propuestas –como la ley de servicios públicos–, se difunden logros y mecanismos de protección, se desnaturalizan carencias, se hace circular información que ayuda a comprender qué políticas hay detrás de los aumentos y se extienden consensos. Son encuentros que fortalecen el tejido político social, con la expectativa en que el saber acumulado en la protesta haga, en un futuro, de cimientos para el reconocimiento de derechos.

Fuente: Página 12