La Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargas que autorizaron aumentos en las tarifas de gas. El máximo tribunal sostuvo que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires «carece de legitimación para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017, relacionadas con el aumento en las tarifas del gas». Es un espaldarazo de la Justicia a la política tarifaria del Gobierno.

El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, promovió la demanda contra el Estado nacional al considerar que los cargos impositivos que se incluían en las facturas del servicio eran «confiscatorios». «Si había que actualizar las tarifas, porque supuestamente en 12 años no se hizo, no se puede ahora actualizarlas en sólo dos años.

Ahí hay una falta de proporcionalidad y además hay que mirar que el salario no aumentó en el mismo sentido, y la tarifa social es el otro tema que no existe más, claramente es un título», declaró recientemente Lorenzino. La denuncia de Lorenzino tenía un carácter colectivo, en vistas de representar a un amplio universo de usuarios bonaerenses afectados por las subas tarifarias.

Ante la presentación judicial original, que data de 2017, la Cámara Federal de La Plata emitió un rechazo sin darle trámite, por lo cual la Defensoría bonaerense presentó un recurso extraordinario contra esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia. La sentencia de la Cámara fue ratificada en la Corte con la firma del presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, mientras que Horacio Rosatti votó por la desestimación del recurso por «inadmisible».