La anunciada intención del próximo Gobierno nacional de “desdolarizar” las tarifas energéticas, confrontará con los parámetros estipulados en los contratos de abastecimiento de energía eléctrica de fuentes de generación renovables (conocidos como PPA, por su sigla en inglés), advirtieron funcionarios de la administración saliente.

Voceros de la Secretaría de Energía recordaron que la remuneración de los proyectos eólicos y solares adjudicados en las distintas rondas del programa RenovAr, y que se encuentran en construcción o ya en operación, “está definida en dólares estadounidenses, al igual que la deuda contraída para su ejecución”.

Según los funcionarios consultados, esa remuneración “no constituye una tarifa” ya que la actividad de generación, a diferencia de lo que ocurre con la distribución y el transporte de energía eléctrica, no es un servicio público sino una actividad de “interés general”.

Por otra parte, los técnicos de Energía consideraron “fundamental” definir cómo se estructurará una eventual desdolarización de tarifas, y cuál será su impacto en los ingresos que recibe Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

El riesgo en esta materia, alertan, sería incurrir en “desbalances que en el pasado colocaron al mercado eléctrico mayorista en una delicada situación financiera, que luego derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio”.

Al margen del intento de pesificación tarifaria, las futuras autoridades del sector energético deberán tomar decisiones sobre aquellos proyectos renovables que no pudieron conseguir el financiamiento necesario para su desarrollo, tras las turbulencias macroeconómicas iniciadas en el otoño de 2018, indicaron las fuentes consultadas.

El sector, según dijeron a Télam, requiere “grandes inversiones iniciales para la compra de equipos” y el financiamiento, con diferentes combinaciones, “se logra a través de la participación de bancos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, bancos públicos o privados, aportes de proveedores de equipos, o de capital de los titulares del proyecto”.

La Subsecretaría de Energías Renovables, por lo pronto, amplió los plazos comprometidos por las empresas en los PPA, tras detectar “un retraso generalizado del cumplimiento de los hitos contractuales de los Contratos de Abastecimiento suscriptos en el marco de la Ronda 2, motivados por distintos factores que inciden en el desarrollo de los proyectos”.

Aún así, en forma simultánea Cammesa lleva a cabo una “revisión integral” sobre la situación de cada proyecto, a fin de identificar cuáles se encuentran en condiciones de continuar y cuáles deben ser terminados.

A las próximas autoridades de Energía les quedará además como herencia el impacto de las restricciones cambiarias reintroducidas por el Banco Central a partir del 1° de septiembre: el cepo no sólo generó sobrecostos, sino que provocó que los proyectos con financiamiento no pudieran concretar los pagos en dólares que habían asumido con proveedores de equipos y/o bancos extranjeros, según afirmaron las fuentes consultadas.

Los funcionarios salientes recordaron por último que el Foder (Fondo de Desarrollo de Energías Renovables) garantiza “ciertos eventos de inconvertibilidad e intransferibilidad”, por lo cual consideraron importante “que los controles cambiarios que se establezcan tengan en consideración estas garantías a las empresas, para evitar un incumplimiento imputable al Estado nacional” ante la Justicia.