Intendentes de diferentes colores, de la provincia de Buenos Aires, participaron de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender el cobro de la tasa municipal de Seguridad e Higiene, que representa más del 30% de los recursos de sus arcas municipales.

Exusieron el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, en representación de los 40 alcaldes que presentaron un amicus en diciembre; Fernando Gray, titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría –presentó su propio amicus–, y el economista Roberto Feletti en representación de la Federación Argentina de Municipios, que conduce Verónica Magario. Y también lo hizo el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, por la Provincia.

«Estamos acá, no en una defensa de una tasa a nuestro modo de ver, sino de la Constitución y de la autonomía municipal, sobre todo la reforma de la Constitución de 1994 que deja en claro la existencia de los municipios como parte integrante del Estado», sostuvo el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Macri remarcó en ese sentido: «Muchas veces se simplifica la contraprestación al simple hecho de la inspección. La pregunta es solo. ¿Es un inspector verificando el pago de una tasa o es la necesidad de que se verifiquen que se cumplan las normas de seguridad e higiene, desde un matafuegos, a la verificación de derrames tóxicos, impacto medioambiental en la tierra, en el aire, en el agua? Son responsabilidades que asumimos los intendentes».

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, afirmó que “se trata de beneficiar a las grandes empresas y se perjudica a los sectores humildes”, añadiendo que «la ciudad de Buenos Aires emplea 2.200 millones en veredas, que es el mismo monto que tenemos nosotros como presupuesto completo para brindar  seguridad, salud y educación a mas de 300 mil vecinos de Esteban Echeverría».

Además, aseguró que «somos un distrito muy humilde. Nuestra tasa más baja es de 113 pesos. Quiero empresarios serios que aporten en mi distrito y le pido a esta corte que se ponga del lado de los más humildes y desprotegidos y el que tenga que pagar que pague».

En diciembre cuando 40 intendentes presentaron un Amicus Curie para defender el cobro la evitaron. La audiencia estaba prevista originalmente para el 29 de mayo, pero luego fue postergada.

En definitiva, expusieron seis amigos del tribunal a favor del planteo de los intendentes y otros 6 que apoyan la postura de la firma Axion-Esso y consideran que el tributo, sobre la base de Ingresos Brutos, debe ser revisado.

La posición de los intendentes y del gobierno de la Provincia fue defendida, a su vez, por especialistas: Jorge Matinata del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats), y Lorena González Tocci y Pedro Caminos de la Asociación Civil Derechos Constitucionales.

La posición de los intendentes y del gobierno de la Provincia fue defendida, a su vez, por especialistas: Jorge Matinata del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats), y Lorena González Tocci y Pedro Caminos de la Asociación Civil Derechos Constitucionales.

Los intendentes que presentaron el amparo en diciembre cuentan con el patrocinio de los abogados Germán Krivocapich Antonio María Hernández, quienes también tuvieron voz en la jornada. Ellos trabajaron en la defensa de los argumentos.

Enfrente, los intendentes escucharon los planteos de quienes defienden la posición de Axion. Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Enrique Bulit Goñi, miembro de la Asociación de Estudios Fiscales, Gabriela Tozzini, del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina y Nadín Argañaraz, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

También lo hicieron Rubén Fallabella, en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Salvador Femenia, en nombre de la Confederación de la Mediana Empresa Argentina (Came).